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Las nuevas medidas que implementa Apross para ordenar sus cuentas


En silencio y puertas adentro, la nueva conducción de la obra social provincial ha reformulado y actualizado prácticamente todos los vínculos entre sus afiliados y prestadores, a los fines de enderezar las cuentas de la entidad.

Si bien en 2015 los papeles indican que la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) cerró con un superávit de 212 millones de pesos, el equivalente al 6,3 por ciento de sus ingresos, el impacto de la devaluación –como a todos los que operan en la salud– descalzó los números para 2016. El año pasado, tuvo ingresos por 3.358 millones de pesos y gastos por 3.146 millones, según los balances presentados ante la Legislatura.

El contador Raúl Gigena –un contador de extrema confianza de Juan Schiaretti, que en su anterior gestión estuvo al frente de Lotería– es quien está a cargo de ese ordenamiento, y en los meses que lleva de gestión tomó varias medidas de gran impacto financiero.

Revisa con lupa todos los gastos que realiza Apross y examina, hasta caso por caso, el aporte de cada afiliado. Niega cualquier punto de comparación con lo que la nueva administración macrista encontró en Pami, pero no deja de reconocer que hay casos que “quiere mirar”. Cita, por ejemplo, a afiliados con haberes de mil pesos (lo que le significa un aporte mínimo a la obra social), sospechas de que hay farmacias que venden productos de perfumería bajo la etiqueta de medicamentos y de muchos afiliados que se “prestan” el carné.

Argumenta que desde diciembre los costos en la salud aumentaron por encima de 50 por ciento y que los prestadores piden actualizaciones que llegan hasta el 80 por ciento. “A todos les digo: es lo que hay. Nosotros tuvimos un incremento de 15 por ciento de los recursos y actualizamos entre 20 y 24 por ciento las prestaciones; más no se puede”, dice.

Parte de ese descalce –mientras aguarda la segunda cuota del aumento a los activos– se cubrió con los diferentes aumentos que entraron en vigencia en abril pasado.

Las medidas

En primer lugar, suspendió el ingreso de afiliados voluntarios entre abril y junio (resolución N° 50/16), ahora prorrogado hasta el 31 de agosto. Apross tiene hoy 616 mil afiliados, de los cuales el ocho por ciento son voluntarios, es decir, que eligen pagar Apross como si fuese una prepaga o algunas de las obras sociales que permiten el ingreso abierto.

Uno de los problemas es que por esta vía, sobre todo luego de la sanción de la nueva ley de prepagas, ingresan pacientes con enfermedades preexistentes de gran costo para la entidad.

Apross no afilia de manera directa, sino que tiene convenio con más de 30 instituciones de Córdoba y el interior, como Fecotac, la Cofradía de la Merced y entidades gremiales empresarias que no harían una verificación suficiente de las condiciones del paciente.

“Eso atenta contra el principio de solidaridad del sistema, y nos hemos abocado con esas instituciones a encontrar un mecanismo de evaluación que no sea el simple relleno de ficha”, adelantó Gigena. La ley obliga a afiliarlos igual, pero puede cobrarles cuotas diferenciales, como hacen otras prepagas.

En abril, también la entidad dispuso dos aumentos significativos. Por un lado, subió la cuota que pagan los afiliados adherentes. Son 2.977 afiliados en esa condición, que pasaron de pagar 540 pesos mensuales a 800. Pero el impacto más significativo viene de la mano de los voluntarios, que son 51.526. El aporte mensual (también congelado por años) pasó de 260 a 300 pesos, pero con un recargo según la edad de ese afiliado: si tiene más de 50 años, paga un extra de 155 pesos; si tiene más de 61, 295 pesos; más de 71 años, 440 y más de 81, 585 pesos adicionales a los 300.

Además, subió el precio del coseguro que pagan los afiliados cuando utilizan los diferentes servicios. La consulta pasó de 35 a 45 pesos y en domicilio, de 60 a 75 pesos; el análisis de laboratorio, de 40 a 50; la sesión de psicólogo, de 55 a 70, y la fisioterapia, de 25 a 30.

En tanto, se están revisando los aranceles, institución por institución, que se les paga a los prestadores. “Cuando terminemos este proceso y tengamos claro el panorama, vamos a dar un aumento de aranceles y otro aumento a los afiliados voluntarios, para que la cápita sea acorde a la prestación de los servicios”, dice Gigena.

En detalle

Afiliado obligatorio. Son los trabajadores del sector público que aportan el 4,5 por ciento mensual del salario bruto, más el aporte del 5% que hace el Estado como empleador.

Afiliado voluntario directo. Adhieren a través de algunas de las entidades autorizadas.

Afiliado voluntario indirecto. Están a cargo de los obligatorios, como suegros, padres, nietos, exconvivientes o excónyuges.

Adherentes. Son 2.977 de un Plan Joven que hubo hace años.


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